Hoy, recordamos la Declaración de los Derechos Humanos, aquel 10 de diciembre de 1948 en París, con postulados que manifestaron como básicos e inviolables derechos a la vida, a la libertad, a la vida privada, a la seguridad social, la salud y a una vivienda digna, entre otros. Y en ese marco, aunque quizás no buscado, pero que dio paso a citar dichos derechos se desarrolló la jornada “Estrategias para la inclusión social: retos y realidades de las familias en situación de pobreza”, en la Fundación Bancaja de Valencia.
Organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), contó con representantes del tercer sector y personeros de gobierno y de la academia de Valencia, Castilla La Mancha y Madrid.
Las cifras hablan por sí solas. 90 millones de personas pobres en la Unión Europea, de ellas 12 millones en España, más de un cuarto de la población. Inmaculada Herranz, profesora titular de la Universidad de Castilla La Mancha, expuso la evolución del indicador AROPE (Riesgo de Pobreza o Exclusión) en España, su fluctuación y la combinación de componentes de riesgo de pobreza, carencia material y social severa, baja intensidad en el empleo y la persistencia de factores estructurales que determinan la vulnerabilidad como especialmente se refleja en la pobreza infantil y por tanto en las familias a la que pertenecen.
Luego, le siguió un panel que trató “Los desafíos de la coordinación institucional en las políticas y estrategias de lucha contra la pobreza”. Todo un tema. Patricia Bezunartea, Directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, centró los derechos humanos como lo más importante en el propósito de erradicar la pobreza dando paso a la ampliación de dichos derechos y reforzamiento del Estado de Bienestar para que las personas tengan una vida digna.
Carlos Susías, Presidente de EAPN España y de Europa, destacó la necesidad de reforzar la inversión social con transferencias sociales que reduzcan las desigualdades, contar con servicios públicos fuertes y potentes para beneficiar a la ciudadanía y un Tercer Sector activo que presione para que se creen políticas equitativas en empleo, educación, salud, entre otras. En definitiva, un sistema social, económico y fiscal con políticas coherentes al servicio de la ciudadanía.
Por su parte, Pedro Carceller, Director General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, citó los derechos humanos como una exigencia a cumplir frente a la herencia de un sistema político-social con competencias rígidas y compartimentales frente a problemáticas complejas y dinámicas.
Hubo un reconocimiento de un quiebre en el contrato social por la polarización política y confrontación que afecta la coordinación en beneficio de las personas pobres. Es el momento de la defensa de los Derechos Humanos para propiciar el Estado de Bienestar y Justicia Social con actores pro activos a fin de conseguir un pacto nacional contra la pobreza.
Recordamos la Declaración de los Derechos Humanos
